Los rostros juveniles de la derecha

“La juventud dejó de ser tan poeta y está poniendo los pies en la tierra. Sabe que si no hay seguridad y orden, tampoco hay trabajo”. Como Jonhatan Delgado, vocero del movimiento Juventudes Alzatistas Conservadoras, piensan cada vez más jóvenes colombianos de los que proliferan en las recientes movilizaciones sociales y grupos de Facebook. Unos reconocen con altivez que son de derecha, otros tantos se autodenominan de derecha radical, pero otro sector se cree independiente de las tendencias políticas.

Tienen entre 15 y 30 años de edad. Comulgan con las costumbres religiosas —en su mayoría católicas—, creen en la familia, en los valores, en el orden y en las Fuerzas Militares. Unos prefieren traje y corbata, otros jeans y camisetas, como cualquier estudiante.

A los del grupo de la inmaculada corbata pertenecen los Jóvenes Alzatistas. Su vocero, Jonhatan Delgado, es serio y contundente como sus respuestas: “No a la eutanasia, no al aborto, no al matrimonio entre homosexuales; sí a la integridad de la familia, sí a la protección de la propiedad”, dice con firmeza.

Su pensamiento hace honor a un movimiento concebido en 2003, en cabeza de Andrés Felipe Díaz, un estudiante de la Universidad Militar. En ese entonces, el Partido Conservador vivía una intensa actividad de cara a la elecciones de autoridades regionales y los ‘alzatistas’ surgieron como una opción radical independiente de derecha, “cansados por la falta de contundencia” del partido más tradicionalista del país.

Hoy, sin tener nada que ver con la Fundación Gilberto Alzate Avendaño, dicen seguir los lineamientos del líder conservador de los años 40, brillante orador, admirador del dictador italiano Benito Mussolini, opositor de Laureano Gómez y de quien dicen que si no hubiese sido por su repentina muerte, habría sido presidente de Colombia.

La institucionalidad del Estado, la ley y el orden natural son prioridades innegociables para el movimiento de los jóvenes alzatistas. Delgado dice que no están para conciliar, sino para fijar posiciones. Y aceptarlo abiertamente, con todo y los problemas que eso pueda acarrear con gente de otras ideologías, “no importa”, porque sencillamente “los principios no se concilian”.

Y otra cosa: está convencido de que la juventud se está conservatizando: “Tras 60 años de recibir los martirios de la revolución mamerta de este país, la juventud despertó”, agrega. Para él, las cifras son dicientes: el año pasado tenían 70 integrantes y hoy son 700.

Delgado tiene 29 años y piensa también que cada causa tiene una justificación. Por ejemplo, con respecto a la toma del Palacio de Justicia por parte del M-19 en 1985, dice que “sin toma, no hay retoma”, en defensa de la acción militar del Estado. Y sobre el escándalo de los llamados “falsos positivos” que recientemente escandalizaron el país, asevera: “Mientras un juez no lo diga, no existen”.

En defensa de Plazas Vega

Muy parecido a los alzatistas piensa Vanguardia Nacional, un movimiento presente en Bogotá, Cali, Medellín, Santander y Boyacá. En las recientes marchas contra las Farc y el presidente venezolano Hugo Chávez, fueron los que enarbolaron banderas negras que llevan un hacha rojinegra en la mitad como su símbolo de lucha.

Su líder es Fernando Aizgorri, el mismo que en los años 60 participó en el movimiento Nuevo Orden, integrado en su mayoría por jóvenes universitarios con énfasis en la defensa del Estado y las Fuerzas Militares. No obstante, ante la presión de la izquierda, Aizgorri se vio obligado a salir del país.

Estando en el exterior fue contactado desde Colombia por Armando Valenzuela, uno de los fundadores del desaparecido movimiento Morena (Movimiento de Restauración Nacional) —fundado por un grupo de dirigentes políticos de Puerto Boyacá para combatir políticamente a la guerrilla—, quien lo invitó a participar en el proyecto de Vanguardia Nacional y otros movimientos “de defensa nacional”, según asegura Eduardo Romano, uno de los actuales voceros del movimiento.

Se trata de un politólogo que viste de jeans, prevenido, cortante y calculador en sus respuestas. Dice que por su tendencia política las amenazas son constantes y excusa su predisposición con que no quiere que le “cuelguen una lápida al cuello”.

Vanguardia Nacional no es de derecha ni de izquierda, dice Romano con absoluto convencimiento. Del candidato del Polo Gustavo Petro piensa que “está campante como aspirante presidencial, mientras la gente olvida que fue un guerrillero y un criminal”. A Alfonso Plazas Vega —acusado de desaparición forzada de varias personas en la retoma del Palacio de Justicia en noviembre de 1985— lo cataloga como un “preso político”.

Su caso se convirtió en una causa del movimiento, convencidos de que por ningún motivo un militar puede ser juzgado por un civil: “Después de estudiar la situación concluimos que no hay una real prueba para las acusaciones contra el general. Incluso la Procuraduría pidió su libertad. Plazas Vega cometió el error de decir: ‘A defender la democracia, maestro’. Pero evidentemente es víctima de una injusticia”, recalca.

A pesar de sus ideas, el joven insiste en que no es de derecha, tendencia política que concibe como la que le da prioridad al mercado, convierte la vida en algo material, le pone un precio a la educación y pasa por encima de los principios y de las sociedades. Reitera también que no es uribista, aunque dice que “prefiere a Uribe, otra vez, a que suba al poder alguien de izquierda. De lo peor, lo mejor”.

Con la donación de $5.000 por militante, el grupo difunde en las universidades los postulados que llevan consignados en sus símbolos: “Estamos en guerra moral, física y psicológica, porque los valores están siendo pisoteados. La familia y la libertad se encuentran amenazadas”.

Básicamente tienen dos métodos de trabajo: las concentraciones y la presión a través de demandas y tutelas con los casos que consideran injustos. Claro que contra un sector de la Rama Judicial también tienen sus reparos. Concretamente, a la Corte Suprema, Romano la describe como “el obstáculo más grande para que realmente funcione la democracia en este país”.

Lo cierto es que la acogida de su polémica y radical propuesta va ganando adeptos. Según el joven politólogo, tienen 120 militantes en las universidades, pero en las movilizaciones los acompañan unas 600 personas sólo en Bogotá. Eso sí, los seguidores de estas ideas deben cumplir ciertos requisitos: “tener valores, no consumir drogas y no abusar del alcohol”.

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Valencia Cossio insiste en que normas constitucionales son “intemporales”
Por: Redacción Política de Elespectador.com
El Ministro del Interior así aclaró que en ningún momento la idea del Gobierno con el referendo es violar la Ley de Garantías.

Campañas en incertidumbre

Ante la lluvia de críticas que se han dado en las últimas horas en contra del Gobierno Nacional y su ministro del Interior y de Justicia, el propio funcionario aclaró el en torno de la ley del referendo reeleccionista.

Fabio Valencia Cossio salió ante los medios de comunicación a advertir que el referendo por tratarse de una "norma constitucional" es "intemporal".

Según él, el Gobierno nunca ha pretendido violar la Ley de Garantías con incumplimiento de los requerimientos de tiempos que fija esa normatividad.

Para Valencia como será el pueblo quien determine si quiere permitir que el Presidente Álvaro Uribe vuelva a lanzarse a un nuevo mandato, "esta norma es intemporal", por ende `permite que el Jefe de Estado en su momento le diga a la opinión en el momento de la decisión de la Corte si buscará una nueva reelección.

El Ministro consideró que de darse el referendo de maneras positiva en las urnas, el Primer Mandatario nunca violaría la ley pues ésta es "de orden público".

Sin embargo, aclaró que él y el Gobierno son muy respetuosos del tiempo que se tome la Corte para hacer el examen de exequibilidad del proyecto.

"Tan sólo después de que tanto la Corte y el pueblo decidan el Presidente definirá si quiere volver a lanzarse a la Presidencia", recalcó Valencia Cossio.

Las declaraciones del Ministro del Interior y de Justicia se dieron en el marco de una visita que adelantó a la cárcel El Buen Pastor la tarde de este lunes.


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Uribe deberá recomponer terna para Fiscal General

Colprensa y Redacción


Foto: Archivo / El País

Juan Ángel Palacio dijo que renunció porque fue víctima de una campaña desprestigiadora. Uribe se reunió con magistrados de la Corte Suprema de Justicia.

El presidente Álvaro Uribe anunció anoche que trabajará en la reconformación de la terna de candidatos para Fiscal, luego de la renuncia del constitucionalista Juan Ángel Palacio y de la reunión que sostuvo con los magistrados de la Corte Suprema de Justicia para tratar el tema.

Uribe calificó como “constructivo” el encuentro con la Corte y dijo que ante la renuncia del ex magistrado Palacio trabajará en buscar su reemplazo para continuar con el proceso de elección del próximo Fiscal.

“Fue muy constructivo, como tiene que ser en una democracia cuyo Estado lo conforman instituciones independientes que deben mantener esa comunicación en procura de los bienes superiores de la nación”, manifestó Uribe al referirse al encuentro con los magistrados del alto tribunal y tras anunciar que respeta la decisión de Palacio de retirarse de la terna.

Y es que en su carta de renuncia, Palacio le hizo saber al Jefe de Estado que “mi dignidad y la de mi familia han sido afectadas durante el proceso de elección del Fiscal General, agresión que se completó con la calificación que ha hecho la Corte Suprema de declarar no viable la terna de la cual hago parte. Tal calificación es injuriosa y desobligante con una persona que, como en mi caso, ha ocupado el cargo de magistrado del Consejo de Estado. Tal calificación no la aceptó”.

La reunión entre el presidente Álvaro Uribe y la Corte Suprema de Justicia fue a puerta cerrada y no se permitió el ingreso de los medios de comunicación.

En su carta de renuncia, Palacio afirma que deja en libertad al Gobierno del presidente Uribe para que recomponga su lista de candidatos para Fiscal.

“Han transcurrido más de tres meses desde la integración de la terna y aún no se ha producido la elección. Durante este tiempo he soportado los rigores de una campaña desprestigiadora e infame en mi contra. Nunca en mi vida he sido sancionado penal o disciplinariamente durante mi trayectoria como profesional”, afirma la misiva que Palacio le envió al Primer Mandatario.

“Señor Presidente, siempre le estaré agradecido por su deferencia conmigo, pero razones de orden familiar y profesional me impiden continuar con este proceso de elección de fiscal infinitamente eterno. Por lo tanto lo dejo en libertad para que adopte la decisión que considere más adecuada a los intereses del país y renuncio en forma irrevocable a la terna”, indicó Palacio.

La terna presentada por el Presidente de la República a consideración de la Corte Suprema de Justicia la conformaban originalmente Camilo Ospina, Juan Ángel Palacio y Virginia Uribe.

Palacio, ex magistrado del Consejo de Estado, fue el primero en salir. Sobre él surgieron versiones sobre presuntos problemas jurídicos que le impedían hacer parte de la terna de candidatos.

Camilo Ospina, ex embajador de Colombia en la OEA, ex ministro y ex asesor Jurídico de la Presidencia de la República, goza de la completa confianza del presidente Uribe.

El nuevo candidato que presente a la Corte el Jefe del Estado, cuyo nombre podría conocerse hoy, destrabaría el proceso de elección del Fiscal General de la Nación, que se halla empantanado desde el 7 de julio pasado.

En los medios judiciales y políticos del país se consideraba anoche que las relaciones entre el Presidente y la Corte Suprema de Justicia podrían dar un vuelco muy significativo y que mejorarían notoriamente, al desempantanarse el proceso para la elección del sucesor de Mario Iguarán Arana (Guillermo Mendoza Diago ejerce hoy como fiscal encargado).

Incluso se comentó que Uribe ya tiene listo el candidato para suceder al renunciado ex magistrado Palacio y que su nombre anoche mismo le habría sido comunicado a la Corte, tribunal que tendrá que tomar una decisión.

http://www.elpais.com.co/paisonline/notas/Octubre152009/terna.html

Critican presupuesto para las universidades públicas.

La partida de 160 mil millones es insuficiente y no está dirigada a subsanar los problemas más apremiantes de los centros educativos, según varios rectores. ¿Se necesita un nueva ley de educación pública?
El presupuesto aprobado por el Congreso para las universidades públicas fue rechazado y criticado por los rectores de estas instituciones. El monto total de 160 mil millones de pesos según los directivos no será suficiente y no arreglara los problemas del sector.

Esta mañana, la ministra de Educación, Cecilia María Vélez, se declaró complacida con el presupuesto aprobado y explicó en RCN Radio cómo será distribuido.
“Tenemos 70 mil millones de pesos que van a un fondo del Icetex y serán para aumentar la oferta de cupos en las universidades públicas....Van adicionalmente 30 mil millones de pesos para investigación, además de 19 mil millones que compensen la diferencia que tenemos en pesos reales porque se proyecta la inversión con una inflación y se ejecuta con otra”. La Ministra dijo también que estudiara la posibilidad de una mejor remuneración a los profesores.
Las reacciones no dieron espera, Ángela González, gerente general de la Universidad Nacional, en un comunicado de prensa, hizo fuertes críticas al presupuesto aprobado, que a su juicio es insuficiente.

Agregó que en el presupuesto para el 2010 se está incluyendo una deuda de 25 mil millones que debían desembolsarse para este año, por ejemplo.

A esta voz se el sumó el Rector de la misma universidad, Moisés Wasserman, quien calificó, en La FM, como “tremendamente frustrante” el presupuesto aprobado. Argumentó que las tres universidades más grandes del país habían hecho un estudio detallado de los problemas que afectan a las universidades públicas, y sin embargo, sus argumentos no fueron tenidos en cuenta.

Wasserman aseguró que aunque el presupuesto aumenta la inversión para la cobertura, no aumenta los recursos para el funcionamiento, el cual es el problema más apremiante de la universidad.
Dijo que la capacidad competitiva de las universidades públicas está en riesgo y rechazó la insinuación que hizo el Ministerio de Hacienda de que las universidades públicas administraban mal el dinero.

Otras voces que también cuestionaron el dinero aprobado para la educación superior pública fueron la de la vicerrectora de la Universidad Pedagógica de Bogotá, Clara Chaparro, quien dijo, en La FM, que desde hace varios años están “congelados los presupuestos de las universidades públicas, y hemos hecho enormes esfuerzos para mantener el funcionamiento”. En su criterio la educación superior está desfinanciada.

El rector de la Universidad Industrial de Santander, Jaime Alberto Camacho, afirmó que “cualquier incremento presupuestal (como el que se aprobó anoche) ayuda a resolver la crisis de la universidad pública”. Pero reconoció que si no hay incremento en el presupuesto de la universidad pública, para mejorar la infraestructura, laboratorios y tecnología ésta será menos competitiva.

El ministro de Hacienda, Óscar Iván Zuluaga, dijo en La FM, que entiende el inconformismo de los estudiantes y de las directivas, pero aseguróque con la manera como se distribuyan estos dineros se estimula el equilibrio regional, la investigación y el desarrollo.
El director del Planeación Nacional, Esteban Piedrahita, sostuvo en Caracol Radio que los 160 mil millones de pesos son un aumento importante frente al presupuesto del 2009 y que constituye "una partida significativa" que mejorará la situación financiera de las universidades públicas en Colombia.

La Ministra de educación, Cecilia María Vélez, reconoció, en Caracol Radio, que se debe revisar y cambiar la Ley 30 de 1992 que es la que regula la educación pública. "Hay que cambiarla porque es un incentivo perverso tanto para las universidades como para el gobierno. Creemos que de aquí en adelante tenemos que hacer una discusión para mirar cómo podemos organizadamente aumentar esta gran cantidad de dinero que tiene que venir a las universidades para responder una demanda creciente de cupos".

Según Vélez este cambio se debe hacer para “garantizar la supervivencia de las universidades públicas del país”.

*Tomado de Revista Semana: Semana.com